Introducción 
El presente capitulo del informe tiene como objetivo el planteamiento de un análisis del conflicto desarrollado entre la CTC y CODELCO, desde la esfera de lo social. El conflicto, cabe señalar, tiene su origen en la ley de subcontratación; l@s trabajadores/as movilizad@s, tenían la característica de trabajar en la producción cuprífera de CODELCO bajo la modalidad de
sucontratad@s.
Desde esa perspectiva, es que se desarrolla un análisis que contiene los principales elementos de carácter sociales, tanto en el proceso de movilización, como en logros y demandas laborales.
Realizar un análisis “puro” de lo social, resulta una tarea imposible. Por ello, hay una serie de relaciones que vinculan lo social con otros aspectos de carácter histórico, político, económico, etc.
De partida, destacamos aquí un elemento importante en el análisis de lo social: la nula participación social de la ciudadanía en las decisiones político-económicas que han tomado los diferentes gobiernos. Queda al descubierto una contradicción de proporciones en el discurso político-social proveniente de la Concertación y sus gobiernos: la nula Participación REAL en las decisiones que corresponden por derecho a cada chilen@, relacionadas con las decisiones político-sociales, y por otro lado, el discurso posmoderno de llamar a la asociatividad y organización de los diferentes sectores sociales invitados a “participar del desarrollo económico del país”.
Es cosa también de recordar el debate público en torno a la aplicación del impuesto Royalty a la explotación privada extranjera del cobre; impuesto que, sin duda alguna, hubiese permitido un ingreso mayor a las arcas estatales con la consecuente posibilidad de mayor inversión en políticas sociales o públicas. ¿Cuáles fueron entonces sus argumentos? Que no querían perder a los inversionistas que ya estaban en el país, porque seguramente dejarían de invertir en Chile por el alza de los impuestos.
No les damos la razón. El cobre es un recurso natural no renovable. El cobre presenta el 43% del total de las exportaciones del país. El cobre es uno de los sustentos más importantes de la economía de Chile. El cobre es además, una de las fuentes laborales más importantes del país. ¿Qué sucedería con el país, y las políticas públicas o sociales, si se nos acaba el cobre? ¿Qué sucedería con las fuentes laborales? El problema social que esto provocaría, no sólo afectaría a quienes trabajan directamente con el cobre, sino que al país en su totalidad. Debemos ser, entonces, fuertes y clar@s al exigir una renacionalización del cobre, y un impuesto a los que se llevan nuestras riquezas para la casa, sin dejarnos, ni siquiera, un pedacito de la torta.
TRABAJADORES/AS DE CODELCO: DE COSTOS Y BENEFICIOS
CODELCO cuenta con más de 28.000 trabajadores/as en condiciones de subcontratación, que fueron afectad@s por las negociaciones. El petitorio que se levantaba, contrastaba las condiciones en las que se encontraban por una parte los trabajadores de CODELCO, y por otra l@s trabajadores subcontratados en dos aspectos fundamentales: Remuneraciones y Productividad; y Beneficios Sociales.
En lo que respecta a los beneficios sociales, ellos abarcan una gran cantidad de elementos de la vida cotidiana de quienes trabajan en el cobre. Estamos hablando de Salud, Vivienda, Educación (de la familia) y remuneraciones. Las implicancias que podríamos ver a nivel de las familias, es radical, pues estos beneficios, para l@s trabajadores/as directos de CODELCO, están cubiertos por la empresa estatal.
Es cierto que las implicancias laborales en los distintos grupos de trabajadoras/as que desarrollan labores en CODELCO so diferentes. Es decir, un minero que trabaja en la mina, tiene riesgo a sufrir ciertas enfermedades laborales (respiratorias, o producto de accidentes laborales), que trabajadores/as de otras áreas productivas como alimentación, servicios de aseo, transporte, etc. Sin embargo, las condiciones de subcontratación, son similares, fundamentalmente en términos estructurales.
Cuando se hace mención a la subcontratación, se está diciendo también que l@s trabajadores con esta modalidad de contrato no forman parte de la empresa principal, en este caso, CODELCO. Es decir, se establece una frontera en los límites de la pertenencia y como delimitación de territorios sociales o jurídicos de una empresa o persona. Esto se refiere a la dialéctica entre el/la trabajador/as y la empresa. ¿Quién asume los costos de la producción? ¿Quién se hace cargo de remuneraciones y beneficios sociales? ¿Quién se hace cargo, en definitiva, del cumplimiento de las leyes?
Agregamos a ello, que existe una diferencia con fuertes consecuencias sociales y demográficas, que tiene relación con la temporalidad de los contratos y labores. En este sentido, la durabilidad de un empleo de “planta” (dependiente de la empresa principal) es altamente superior a una persona subcontratada. La modalidad de subcontratación permite el contrato por faena, o proyecto, trabajo específico. Así, las personas no cuentan con una estabilidad laboral que permita asentamientos familiares definitivos, pudiendo producir una alta movilidad geográfica. En este sentido, la adaptabilidad del grupo familiar a los distintos contextos presentaría dificultades en tanto el traslado y/o movilidad implica desarraigos de diferentes niveles (individuales, familiares y en relación con la comunidad).
Uno de los fundamentos económicos más importantes de la subcontratación, dice relación con que la empresa principal busca reducir los costos laborales al abastecerse de personal a través de la intermediación de un tercero que le permite disponer y prescindir de él según sus necesidades económicas. Esto da pie para evitar trámites administrativos y otros costos. Esta forma precariza el empleo; lo hace altamente inestable, baja el nivel de las remuneraciones y de la protección frente a la seguridad social y laboral. Sabemos como la precarización del empleo no sólo influye en el bienestar económico de una familia, sino también en la estabilidad emocional, lo que suele denominarse como “salud mental” del grupo familiar.
DE LA MOVILIZACIÓN
Uno de los elementos más llamativos de este proceso de movilización socio-política de exigencia de derechos laborales y condiciones más dignas por parte de la CTC, consiste en la durabilidad de la misma. 35 días en que la opinión pública se centró en el quehacer de los grupos sindicalizados y agrupados bajo la CTC: acuerdos, desacuerdos, y finalmente salen a la luz nuevos dirigentes que, para bien o para mal, renuevan los rostros dispersos en los medios de comunicación masivos.
El efecto social que pudiera tener una movilización de esta envergadura, ya se ha dejado ver en el escenario político y social. La propuesta de un salario “ético” por parte de la Iglesia Católica, abre debate en torno al miserable sueldo mínimo; miserable porque con $144.000 (que es la actual propuesta en términos discusión legislativa) no es suficiente para mantener y tener una vida digna.
Así, el tema del salario “ético” propuesto por la I. Católica, traspasa una vez más el tema eminentemente político económico, y se refleja en la esfera de lo social. La productividad en condiciones de “mano de obra barata” efectivamente tiene influencias en el costo de la producción de las grandes empresas, que son principalmente las que subcontratan. Sin embargo, el valor real de un sueldo mínimo disminuye en contextos de cambios climáticos abruptos y de crisis económicas internacionales, independiente de los esfuerzos realizados para la estabilidad de los activos del mercado chileno.
¿Qué significa esto? Que el sueldo alcanza cada vez para menos. La satisfacción de las necesidades básicas de quienes trabajan por el sueldo mínimo, se ve cada vez más limitada, cada vez más inestable. Las priorización de las necesidades puede incluso traer contraconsecuencias sociales: ¿educación o vivienda?, ¿alimentación o transporte? ¿Salud o vestimenta? Ello, tomando en cuenta que no estamos considerando las necesidades familiares de orden inmateriales, como puede ser la cultura, recreación, ocio y tiempo libre, crecimiento espiritual, libertad de asociatividad y de acciones organizadas, etc.
El movimiento puso en el tapete de la opinión pública el vacío legal de la subcontratación, cuestión que ya hemos trabajado en el presente documento. Así, es posible agregar que las condiciones de desigualdad entre l@s trabajadores/as que realizan una misma actividad, tanto en remuneraciones como en beneficios sociales, podría acarrear un conflicto de estatus al interior de las faenas, que es uno de los elementos sociales de relevancia a la hora de identificar las diferentes cuotas de poder.
En términos económicos, esto podría traducirse en que a quienes pertenecen a la planta de la empresa principal, obtienen bonos de producción, y l@s subcontratad@s, no. Eso, desde un análisis sencillo, implica una mayor o menor cantidad de recursos para invertir en satisfacción de las llamadas básicas y/o secundarias (sean del orden material o inmaterial) o simplemente de lujos. El estatus social que conlleva este punto, es importante a la hora de precisar, por ejemplo, las posiciones socio-económicas en una sociedad limitada y reducida, como son las ciudades mineras.
Además, se hace evidente una nueva contradicción de orden social: la diferencia de l@s trabajadores/as del Estado, en cuanto empleador. Tanto en relación con otr@s trabajadores/as empleados estatalmente, como con aquellos que trabajan para privados. Así, vemos que trabajadores/as del cobre contratados por CODELCO (Estado) tienen una serie de beneficios sociales como de subsidio de vivienda, educación familiar, salud con sistemas privados de alta cobertura, préstamos con tasas inferiores a las del mercado, etc. Cosa que no se repite, por ejemplo, con profesores/as, funcionari@s de la salud, municipales, etc. Y que tampoco se repite en trabajadores/as privad@s, ya que en ell@s, la elección es personal, y fuertemente condicionada por la oferta del mercado.
Podemos observar también, un fuerte impacto en otras movilizaciones sociales; sin duda, al copar los medios de comunicación masivos con el conflicto cuprífero, se promueve la discusión del papel de las movilizaciones en las posiciones y condiciones de dignidad de l@s trabajadores/as. Así, se reactivaría un ala de las movilizaciones en el sur del país, con los chóferes de camiones de las forestales a las que perteneciera Rodrigo Cisternas
[1], por ejemplo. Se dan conocer otros grupos de trabajadores/as como los de Agrosuper, entre otros.
El impacto mediático que provoca la opinión de los Medios de Comunicación de Masas (MCM), podría presentar un condicionamiento en la opinión de las personas respecto de las movilizaciones sociales. Generalmente, somos bombardeados con mensajes de “repudio a la violencia”, a los “infiltrados y encapuchados”, en fin, a los “actos terroristas”. Sin embargo, la masividad, la prolongación de las movilizaciones y el constante apoyo brindado por diferentes agrupaciones políticas y sociales, permitieron que la percepción ciudadana de este tipo de movilizaciones fuera más favorables a la organización social. Y en último plano, se reactiva la discusión, cuestión no menor a la hora de posibilitar transformaciones sociales.
Los niveles de organización producidos por las asambleas de trabajadores, dan una muestra de la real participación social en la que se fundaba el movimiento. En ese sentido, se podría decir que se continua desplegando un fenómeno social importante, enmarcado en los últimos años de “gobierno democrático”, y que dice relación con aumentar los niveles de asociatividad en base a algún tipo de condición común; además de mostrar una posibilidad diferente de organización socio política, una suerte de demostración de que “sí es posible tomar decisiones preguntándole a las bases” organizadas de trabajadores/as, independiente de la localización en la franja de tierra nacional; y la persistencia de la organización pese a los diferentes intentos por disgregar la misma (acuerdos parcelados con diferentes organizaciones, incentivos a quienes no se movilizan, y medidas represivas solapadas), mostrando a nivel social que la movilización es una vía eficaz, pertinente e inclusiva de conseguir mejoras en las condiciones laborales.
Así, la vinculación entre el aspecto “condiciones laborales” y la calidad de vida de las personas, es en algunos casos, determinante. Es por ello que esta movilización en particular, por sus características, asume una importancia vital en las posibilidades de transformar las condiciones de vida.
Así mismo, una movilización de las características observadas, sin duda produce modificaciones en la vida familiar. Las demandas que tenían relación con las remuneraciones, implicaban además que las familias de l@s trabajadores/as tuvieron que vivir casi 50 días sin el pago: hablamos de los 35 días de movilización más los días post-acuerdo.
DEL ACUERDO:
Poner en cuestión una ley vital del Modelo Económico, ya es un logro social y político importante. Sobre todo, porque se cuestionan las bases ideológicas del ordenamiento social. Cuestión que podría adquirir importancia desde un punto de vista jurídico político, considerando que se trata del ordenamiento de la producción y de la esfera del trabajo, como es el caso analizado de la ley de subcontratación y de beneficios sociales a trabajadores/as.
Así mismo, el logro de conseguir beneficios sociales para l@s trabajadores/as y sus grupos familiares, tiene una implicancia directa en la calidad de vida del/la trabajador/a y la familia. En ese sentido, se asegura mejores condiciones de salud y educación.
